Enarsa le cedió a Pdvsa, empresa del Estado venezolano, el
control de una planta en la Base Naval Belgrano, la mayor del país
La comunión del kirchnerismo con el proyecto de Hugo Chávez
y su sucesor Nicolás Maduro llegó a límites hasta ahora desconocidos.
En medio de la afinidad con el país caribeño, el gobierno de
Néstor Kirchner le dio a PDVSA, la petrolera del Estado venezolano, acceso a
una estratégica jurisdicción militar argentina, algo que luego confirmó su
sucesora Cristina Kirchner , en base a documentos oficiales y fuentes al tanto
de la operación. Lo hizo en el marco de una sociedad con Enarsa, en la que la
firma extranjera tenía el 60% (y por lo tanto el control), mientras que su par
local sólo retuvo el 40% restante.
En 2006, Enarsa, un feudo del cuestionado ex ministro de
Planificación Julio De Vido (ahora diputado), creó junto a Pdvsa la sociedad
Enarsa-PDV S.A. Su único objeto era la construcción de una planta de
regasificación de Gas Natural Licuado para abastecer la demanda local en un
contexto de caída de la producción doméstica, uno de los efectos de la política
energética desplegada por De Vido.
El proyecto se iba a levantar en la base naval General
Belgrano (Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires), la mayor de su
tipo en todo el país, donde hay destructores, remolcadores y buques logísticos,
entre otros.
Enarsa tenía la concesión de un predio ubicado en ese
distrito militar para construir un puerto. Pero fuera de las previsiones, la
empresa argentina fue a buscar como socia a su par venezolana, a la que le dio
el control de la iniciativa.
El estatuto de la sociedad. Entre otras, lleva la firma de
Jorge Pérez Mancebo, por aquellos días director de la filial local de Pdvsa. Su
compatriota Guido Antonini Wilson lo llamó por teléfono el 4 de agosto de 2007,
cuando llegó al país con una valija con US$ 800.000 para financiar la campaña
que condujo a Cristina Kirchner a ganar las elecciones. Eso le valió a Pérez
Mancebo formar parte de la causa judicial.
Mancebo no es el único nombre controvertido mencionado en el
estatuto. También está la firma de Exequiel Espinosa, el ex presidente de
Enarsa, que compartió el avión con el valijero venezolano esa noche. De hecho,
la compañía estatal argentina pagó el viaje.
El kirchnerismo insistió con la iniciativa hasta el final de
su estadía en el poder, dado que el último trámite de la sociedad se hizo en
2015, cuando la ex presidenta abandonó la Casa Rosada.
El proyecto no prosperó porque se trataba de dos socios
pobres. Ambas empresas salieron a buscar financiamiento, pero no lo
consiguieron. Sólo alcanzaron a cerrar el perímetro en el que debía construirse
la futura planta regasificadora del producto importado. Varios memorándum de
entendimiento entre la Argentina y Venezuela fueron preparando el terreno para
la construcción de la planta.
El 15 de mayo de 2009, con Cristina Kirchner en la
Presidencia, ambos países acordaron la construcción de instalaciones para la
regasificación de gas en Buenos Aires, que condujo a la creación de la empresa
mixta entre ambos Estados.
El último compromiso firmado por los Estados es el
"Acta de Inicio de la Fase de Arranque Temprano para la Construcción y
Puesta en Marcha de la Planta de Regasificación de Gas Natural Licuado en la
República Argentina", el 29 de marzo de 2011. Hasta allí casi no se
hablaba de Bahía Blanca. Y nunca trascendió que Venezuela tendría el control
del proyecto.
Disolución express
La llegada de Mauricio Macri al gobierno dio por tierra con
la iniciativa. Cuando vieron la sociedad con la empresa venezolana se
encendieron las señales de alarma de los directivos que llegaron a Enarsa a
fines de 2015 de la mano de su actual presidente, Hugo Balboa.
De inmediato, el equipo de legales de Enarsa avanzó en la
disolución de la sociedad con Pdvsa. A esa altura, los venezolanos ya habían
entendido el cambio de bandera política en la Argentina, por lo que no
opusieron resistencia.
Las nuevas autoridades de Enarsa, además, esgrimieron
argumentos atendibles desde el punto de vista societario. El convenio con la
Armada estipulaba un plazo de dos años para avanzar con la iniciativa, algo que
no se cumplió, por lo que el acuerdo estaba de hecho caído. Sus socios
aceptaron.
El trámite, de todas maneras, se concretó hace poco. El
Balance Final de Liquidación de la Sociedad se realizó el 24 de mayo de este
año, según el acta de asamblea extraordinaria de accionistas.
Ambas empresas iniciaron otros negocios que fracasaron. Entre
ellos, la explotación de dos estaciones de servicio.
La Nación
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