Por Facundo Rodríguez
El 9 de noviembre pasado el ilegítimo gobierno británico en
las islas Malvinas celebró elecciones generales para elegir a ocho de los diez
miembros de la llamada Asamblea Legislativa. Los miembros de dicho órgano
prestan funciones por un período de cuatro años y sólo ocho pueden ser electos
por el voto popular. Los otros dos miembros son seleccionados por el
gobernador, el director general y el secretario de finanzas, que pueden tomar
parte de los procedimientos sin derecho a voto. Asimismo, también forman parte
el comandante de las fuerzas británicas y el procurador general, ambos llegados
del Reino Unido.
El aparato propagandístico isleño hace un denodado esfuerzo
para intentar demostrar que el voto de la población tiene un gran peso en las
decisiones y que el gobernador, elegido desde Londres, sin participación de la
población de las islas, no tiene prácticamente injerencia. La realidad dista
mucho de esta utopía democrática.
La llamada Constitución de las Islas Falkland, aprobada en
noviembre de 2008 por S. M. Británica, es la piedra angular del régimen
colonial que el Reino Unido mantiene en las Malvinas. El artículo 11 reserva a
la reina un poder total para sancionar legislación para "la paz, el orden
y el buen gobierno" de las islas, así como para enmendar legislación
actualmente en vigencia.
Es requisito para votar y ser elegido miembro de la Asamblea
ser mayor de 18 años y gozar del "Falkland Islands Status". Este
estatus, del cual goza sólo un tercio de la población actual de las islas de
conformidad con el último censo, es otorgado por el gobernador y requiere de la
nacionalidad británica. Es el instrumento utilizado por el Gobierno británico
para controlar quiénes pueden votar y ser electos en las islas. En la
composición de la asamblea durante los últimos 20 años cerca del 40% de los escaños
ha quedado en poder de personas nacidas en el Reino Unido.
El Poder Judicial es presidido por el jefe de Justicia,
quien es el titular de la Corte Suprema, reside en el Reino Unido y visita las
islas al menos una vez al año. También cuentan con una Corte de Apelaciones y
con un magistrado superior. Tanto el jefe de Justicia como el presidente de la
Corte de Apelaciones, los jueces de apelaciones y el magistrado superior son,
todos, nombrados y removidos por el gobernador de las islas y provienen del
Reino Unido.
El gobernador de las islas, puesto a dedo desde la metrópoli,
se reserva una enorme cantidad de poder en materias ejecutivas, legislativas y
judiciales, como la posibilidad de disolver la Asamblea Legislativa, la
aprobación de leyes a su sola discreción (y la denegación de tal carácter a los
proyectos aprobados por la asamblea), la realización de concesiones de tierra y
la disposición de ellas en nombre de la reina. Además, es el encargado de
seleccionar a los funcionarios civiles más importantes, como el jefe ejecutivo,
el jefe de policía, el fiscal general y el oficial comandante de las fuerzas de
defensa de las islas. Puede actuar a su criterio, incluso en contra de la
opinión del Consejo Ejecutivo de las islas, órgano consultivo parte del Poder
Ejecutivo, compuesto en parte por miembros de la Asamblea Legislativa.
Asimismo, cuenta con amplios poderes de excepción
reconocidos en un instrumento jurídico que posee casi ochenta años, el
Emergency Powers Order in Council 1939, creado para ser aplicado en las
colonias, los protectorados y los mandatos que el Reino Unido poseía en la
década de 1930. Esta ordenanza le otorga el poder de detener, deportar y
excluir personas, tomar propiedades y tierras en nombre de la reina y de
reformar, suspender o aplicar cualquier ley con o sin modificaciones. Las
únicas limitaciones en su función legislativa provienen únicamente de la reina
y no de los habitantes de las islas.
Claro ejemplo del verdadero poder británico sobre los ahora
llamados "territorios británicos de ultramar", un eufemismo para
referirse a las colonias, es el caso de las Islas Turcas y Caicos, en el
Caribe. En agosto de 2009, el gobierno de Londres decidió disolver el gobierno
elegido democráticamente por la población de esas islas "por la alta
probabilidad de corrupción sistémica". Desoyó las enérgicas protestas de
la Comunidad del Caribe (Caricom) y pospuso de forma indefinida la elección
democrática de un nuevo gobierno. El gobernador designado por Londres cumplía
las funciones ejecutivas y legislativas.
La realidad es que el gobierno británico continúa ejerciendo
un control férreo sobre sus territorios coloniales y que el derecho de libre
determinación de los pueblos es simplemente manipulado para invocarlo cuando le
conviene, para evitar poner término a los conflictos territoriales que mantiene
por la ocupación de territorios pertenecientes a otros Estados.
En resumen, el supuesto autogobierno de las islas no es otra
cosa que el viejo sistema colonial británico con un nuevo ropaje. El poder
británico en las islas se halla tan presente y es tan influyente que incluso la
propia Constitución consagra abiertamente la supremacía británica en el orden
político, administrativo e institucional sobre las islas y sus habitantes.
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