Por Facundo Rodriguez *
Los pasados 10 y 11 de marzo se cumplieron cinco años del
referéndum británico organizado en las Islas Malvinas donde ciudadanos
británicos votaron casi unánimemente en seguir siendo un "territorio
británico de ultramar", un eufemismo para referirse a la situación
colonial en la que se encuentran.
La propaganda británica hace denodados esfuerzos en intentar demostrar que con dicho plebiscito "la situación jurídica de las islas ha cambiado" y que "los deseos de los habitantes fueron claramente expresados" y "deben ser respetados". Lamentablemente, para Londres la situación dista mucho de esa utopía.
En primer lugar, hay que destacar que el referéndum no contó
con el apoyo, el aval ni la fiscalización de las Naciones Unidas. En aquellas
situaciones donde un referéndum de libre determinación fue la manera de poner
fin a una situación colonial, ha sido la ONU quien adoptó la decisión. Tal fue
el caso de Timor Oriental, que llevó a su independencia en 2002; el de Tokelau,
en 2006 y 2007; el de Sahara Occidental (en este caso el referéndum aún sigue
pendiente de realización) o el que se llevará a cabo este año en Nueva
Caledonia. Al ser las islas Malvinas, de acuerdo con la Carta de Naciones
Unidas, un territorio no autónomo sujeto a descolonización, corresponde a la
ONU, y no a la potencia administradora, decidir cuándo dichos territorios han
sido descolonizados.
La ONU ha establecido con claridad meridiana que la cuestión
Malvinas es un caso especial de colonialismo y que no se reconoce presente a un
pueblo, en sentido jurídico, con derecho a la libre determinación. Así ha
quedado en claro en las más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del
Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que no han reconocido la
existencia de un pueblo separado en el territorio de Malvinas. Al respecto,
cabe recordar que, cuando el Reino Unido intentó incorporar una expresa mención
al derecho a la libre determinación en la que luego fue la resolución 40/21 del
27 de noviembre de 1985, la Asamblea General lo descartó de plano.
La respuesta negativa y de indiferencia por parte de la
comunidad internacional al ejercicio propagandístico y de autosatisfacción
británico es loable. En parte por la inconsistencia británica en su política
respecto a la libre determinación: no hubo libre determinación para los dos mil
habitantes nativos del archipiélago de Chagos, expulsados por el Reino Unido,
situación que está siendo analizada por la Corte Internacional de Justicia y en
la cual la Argentina ha realizado su presentación ratificando el principio de
integridad territorial, al igual que la obligación de negociar y de no realizar
actos unilaterales contrarios al proceso de descolonización. Tampoco hubo un
referéndum de libre determinación cuando el gobierno de Margaret Thatcher
devolvió Hong Kong a su legítimo dueño, China.
Asimismo, la falta de reconocimiento de la comunidad internacional
encuentra respuesta por el hecho de que el plebiscito fue alarmantemente
parcial, sin debate alguno y con una versión tergiversada de la historia y del
derecho aplicable a la disputa. Tampoco hubo una verdadera campaña por ambas
opciones, a diferencia de lo sucedido, por ejemplo, en Escocia.
La comunidad internacional de forma correcta no ha prestado
su apoyo a la autosatisfacción plebiscitaria británica. Si el Reino Unido desea
que sus ciudadanos en Malvinas decidan el destino del territorio en el que
habitan, ese territorio debería ser británico. Por el contrario, para las
Naciones Unidas, el territorio continúa sujeto a descolonización y el modo de
poner fin a la situación colonial imperante es por medio de la solución
pacífica de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido,
teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
* El autor es abogado en Derecho Internacional (UBA). Docente
(UBA, UP) y coautor del libro "Las Malvinas: entre el derecho y la
historia" (Eudeba).
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